La medida comenzó a regir este viernes y forma parte del acuerdo que permitió levantar el conflicto portuario. La decisión tiene especial relevancia para la Hidrovía y el complejo agroexportador del Gran Rosario.
El Gobierno nacional oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de los servicios de practicaje y pilotaje, luego del acuerdo alcanzado con los representantes del sector que permitió normalizar la actividad en los puertos argentinos.
La medida fue instrumentada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 7 de agosto.
La reducción se aplicará directamente sobre los valores resultantes del Régimen de Tarifas Máximas que se encontraba vigente desde 2018.
Una medida clave para la Hidrovía
La decisión tiene particular importancia para Santa Fe y el Gran Rosario, donde se concentra buena parte de las terminales agroexportadoras del país.
El practicaje es un servicio esencial para la navegación comercial. Los prácticos son profesionales especializados que intervienen en las maniobras y navegación de los grandes buques en puertos, canales y pasos que requieren conocimiento específico de cada zona.
Por ese motivo, su costo forma parte de la estructura logística que enfrentan los buques que ingresan y salen de las terminales portuarias.
Una reducción en estas tarifas apunta, por lo tanto, a disminuir parte de los costos asociados al movimiento del comercio exterior argentino.
La rebaja será provisoria
La reducción del 20% tendrá carácter inmediato, aunque su vigencia estará vinculada a la suspensión temporal de la reforma del sistema de practicaje impulsada por el Gobierno.
Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestaron su conformidad con la reducción tarifaria dentro del acuerdo alcanzado con Nación.
El conflicto que paralizó los puertos
La disputa había comenzado después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificaba el régimen de practicaje vigente desde 1991.
La reforma buscaba eliminar regulaciones que el Ejecutivo consideraba restrictivas y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al mercado.
Los profesionales del sector rechazaron los cambios y comenzaron medidas de fuerza que afectaron las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones y generaron una fuerte preocupación en las cadenas logísticas y exportadoras.
Frente al riesgo de profundizar la paralización, el Gobierno decidió suspender temporalmente los efectos de la reforma mediante el Decreto 716/2026.
Acuerdo y nueva negociación
El entendimiento alcanzado contempla cuatro puntos centrales: la normalización inmediata de los servicios de practicaje y pilotaje, la suspensión temporal de la desregulación, una reducción del 20% de las tarifas y la creación de una mesa intersectorial para elaborar un nuevo marco regulatorio.
Con el acuerdo, la actividad portuaria comenzó a recuperar su funcionamiento normal.
Ahora la discusión continuará alrededor de la nueva regulación definitiva del practicaje, un servicio estratégico para el sistema portuario nacional y especialmente sensible para el corredor de la Hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos del Gran Rosario, puerta de salida de buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.
