El Gobierno provincial confirmó que la mayoría de los casos involucra a menores y que se reclamará a las familias el costo de los operativos, que puede superar los $5 millones.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza en la identificación de responsables por falsas amenazas a establecimientos educativos y en la recuperación de los costos operativos que generan estos hechos. Según datos oficiales, ya fueron identificadas 73 personas vinculadas a este tipo de delitos en todo el territorio provincial.
La medida se enmarca en un protocolo vigente impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, que contempla el reclamo económico a los adultos responsables cuando los autores son menores de edad, situación que representa aproximadamente el 95 % de los casos detectados hasta el momento.
En ese contexto, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que la decisión fue tomada por el gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de desalentar este tipo de conductas. “No es una broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos, que pueden oscilar entre los 5 y 6 millones de pesos según la magnitud”, sostuvo.
Además, la funcionaria remarcó que las investigaciones continúan en curso y que el foco está puesto tanto en la prevención como en el acompañamiento. “Al tratarse mayormente de menores, serán los padres quienes deban responder. Vamos a sostener políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, afirmó.
De acuerdo a información del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hasta el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias por amenazas a escuelas en Santa Fe.
El detalle por regiones es el siguiente:
- Fiscalía Regional Nº 1: 75 casos
- Fiscalía Regional Nº 2: 238 casos
- Fiscalía Regional Nº 3: 33 casos
- Fiscalía Regional Nº 4: 23 casos
- Fiscalía Regional Nº 5: 35 casos
En el marco de estas investigaciones, ya se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones.
En cuanto a los responsables identificados, la distribución es la siguiente:
- 15 en la Región Nº 1
- 23 en la Región Nº 2
- 17 en la Región Nº 3
- 4 en la Región Nº 4
- 14 en la Región Nº 5
El dato más preocupante es que la gran mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que refuerza la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada integral que combine sanción, prevención y contención social.