Los haberes jubilatorios en Argentina acumulan una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, de acuerdo a un estudio privado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La modificación se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización previsto en la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación. Esta decisión fue una de las herramientas centrales que permitió a la administración libertaria alcanzar el superávit fiscal, aunque con un fuerte impacto sobre los ingresos previsionales.
Brecha entre la fórmula actual y la anterior
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que, tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.
En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que implica una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios del sistema.
El documento sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En ese sentido, remarca que el cambio por decreto se produjo en el momento preciso en que la fórmula previa podía generar una mejora real en los ingresos.
Según CEPA, el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y en la variación de los salarios, indicadores que presentan rezagos y que permiten ganarle a la inflación cuando ésta comienza a desacelerarse. Con el sistema actual, advierte el informe, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido.
El impacto del congelamiento del bono
La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que provocó una fuerte licuación de su valor real.
“El haber básico aumentó 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, pero la mínima con bono incluido solo creció 101%”, precisa el análisis. Para mantener su poder de compra original, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485. La diferencia —$107.485 mensuales— representa el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos.
De acuerdo con el informe, las jubilaciones con bono quedarán 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre del gobierno anterior.
Retroceso histórico y vetos presidenciales
El análisis histórico refuerza la caída del poder adquisitivo: el inicio de la actual gestión implicó un rápido retroceso de los haberes, del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos valores sitúan el poder de compra actual 3% por debajo del promedio de la década de 1990.
Además, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector. En agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con esa ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido”, señala CEPA.
Fin de la moratoria y más exclusión
A este escenario se suma la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, que agrava el panorama para los adultos mayores. Sin esa herramienta de inclusión, el CEPA advierte que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no logran jubilarse por no reunir los 30 años de aportes.
En estos casos, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres, consolidando —según el informe— un esquema de menores ingresos y mayor vulnerabilidad para una amplia franja de la población mayor.
Redacción Rosario Norte – Economía