La norma introduce cambios estructurales en el régimen de convenios colectivos, indemnizaciones, aportes sindicales, justicia laboral y contratación de personal.
Por Martín Ríos
El Senado aprobó el miércoles por la noche la ley de modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con el respaldo de La Libertad Avanza y sectores dialoguistas. La norma introduce cambios estructurales en el régimen de convenios colectivos, indemnizaciones, aportes sindicales, justicia laboral y contratación de personal.
Más allá de la discusión política nacional, la pregunta que emerge desde el interior productivo —y especialmente desde polos como Rosario y Santa Fe— es cómo impactará esta reforma en la matriz económica regional, en las pymes industriales y en el empleo formal.
Convenios: más poder a la empresa
Uno de los ejes centrales es la habilitación del convenio por empresa. La ley establece que un convenio de ámbito mayor no podrá modificar el contenido de uno de ámbito menor. Es decir, una firma podrá negociar condiciones específicas sin quedar atada estrictamente a la paritaria sectorial.
Además, al vencer un convenio colectivo habrá un año para renegociar sus cláusulas. La norma limita la ultraactividad automática y fija un plazo de doce meses desde la promulgación para convocar a las partes.
Las asambleas, por su parte, deberán contar con autorización previa del empleador.
Despidos e indemnizaciones: tope y fondo compensador
La reforma fija un tope indemnizatorio equivalente a un salario promedio del convenio por año trabajado. Se excluyen bonos, premios y rubros no mensuales del cálculo.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir despidos en empresas que no puedan afrontar las indemnizaciones. El fondo se financiará con aportes de grandes compañías (1% y 2,5% de contribuciones destinadas a ANSES).
Las pymes podrán pagar indemnizaciones en hasta 18 cuotas; las grandes empresas, en 12. Además, la Justicia laboral no podrá actualizar créditos por encima de la inflación más un 3% anual.
Banco de horas y flexibilización
Se implementa el “banco de horas”, que permitirá compensar horas extras con francos compensatorios u otros mecanismos, respetando descansos mínimos legales.
Las vacaciones podrán tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril y fraccionarse, con un mínimo de siete días continuos.
En cuanto a certificados médicos, se establecen requisitos de validez y la posibilidad de recurrir a una junta médica ante discrepancias.
Sindicatos y aportes
Se mantienen aportes sindicales obligatorios y voluntarios, pero con un tope del 2%. Las obras sociales conservarán el 6% de aporte patronal, descartándose la reducción al 5% que proponía inicialmente el Ejecutivo.
Plataformas y nuevas formas de empleo
La ley redefine a los repartidores de aplicaciones como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia. Las empresas deberán contratar seguros y brindar capacitación.
También se crea un régimen específico para servicios privados de movilidad y reparto a través de plataformas tecnológicas.
Incentivos y régimen para pymes
Habrá rebajas de contribuciones patronales para nuevas contrataciones y se crea un Régimen de Inversiones para Pymes (RIMI), con beneficios fiscales en Ganancias e IVA para nuevos emprendimientos.
En paralelo, se derogan impuestos internos sobre determinados bienes —como embarcaciones, aeronaves, automóviles y productos electrónicos— bajo nuevas condiciones regulatorias.
Impacto federal: luces y sombras
Desde una mirada federal, la reforma tiene dos lecturas. Para provincias con fuerte entramado pyme como Santa Fe, la posibilidad de convenios por empresa y la reducción de costos laborales podría dinamizar sectores industriales, agroexportadores y tecnológicos.
Sin embargo, el tope indemnizatorio y la redefinición del trabajo en plataformas reabren el debate sobre la protección del trabajador frente a mercados laborales más volátiles.
El verdadero impacto no dependerá solo de la letra de la ley, sino del modelo productivo que la acompañe. Sin una estrategia clara de desarrollo regional, infraestructura y financiamiento, la flexibilización por sí sola difícilmente garantice empleo de calidad.
La modernización laboral ya es ley. Ahora comienza la etapa decisiva: cómo se implementa en cada provincia y qué tipo de empleo se construye a partir de ella.