Con votos de la UCR, el PRO y sectores del peronismo no kirchnerista, el Gobierno consiguió sancionar la “ley de leyes” tras dos años sin presupuesto. El debate reavivó tensiones por educación, ciencia y el impacto en las provincias.
El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, en una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos. La norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, y representa el primer gran triunfo legislativo del oficialismo en 2025.
Además del respaldo del bloque libertario, acompañaron la iniciativa senadores de la UCR, el PRO, un sector del peronismo federal y legisladores alineados con gobernadores provinciales, que priorizaron la previsibilidad fiscal frente a un escenario económico aún inestable.
Desde una mirada federal, el dato central es que el Presupuesto volvió a ordenar el esquema de recursos nacionales luego de dos años de prórrogas, una situación que impactó con mayor fuerza en las provincias y municipios, que dependen en gran medida de transferencias y partidas definidas por la Nación.
El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, rechazó en su totalidad el proyecto, al considerar que los supuestos macroeconómicos están desfasados de la realidad y que el ajuste recae sobre áreas sensibles. El kirchnerismo también cuestionó artículos vinculados al financiamiento educativo y científico.
Uno de los capítulos más discutidos fue el referido a educación y ciencia. En particular, el artículo 12 fija recursos por 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, pero incorpora requisitos de acceso; mientras que el artículo 30 elimina porcentajes mínimos del PBI destinados históricamente a educación, ciencia y escuelas técnicas. Estos puntos generaron reparos incluso entre aliados del oficialismo.
El senador radical Maximiliano Abad, que votó a favor en general pero en contra de ese capítulo, advirtió que “no se puede condenar a las próximas generaciones a la mediocridad” y calificó al artículo 30 como una norma que “barre con las proyecciones de inversión educativa y científica”.
La sesión fue presidida inicialmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque se ausentó antes de una de las votaciones clave. El debate incluyó numerosas cuestiones de privilegio, algo poco habitual en la Cámara alta, y dejó en evidencia la tensión política que aún atraviesa al Congreso.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el Presupuesto como una herramienta para “romper ciclos de fracaso” y sostuvo que el cambio económico “ya no es un eslogan, sino una transformación que impacta en la vida cotidiana de los argentinos”.
Con la nueva composición parlamentaria surgida tras las elecciones de medio término, el Gobierno logró encaminar un Presupuesto acorde a su programa económico. Para las provincias, el desafío ahora será cómo se ejecutan las partidas y si la previsibilidad prometida se traduce en obras, servicios y financiamiento sostenido para el interior del país.