El organismo internacional habilitó un giro de US$ 1.000 millones tras revisar el acuerdo con el Gobierno, aunque incluyó fuertes cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, los conflictos de interés y el funcionamiento de la Justicia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso por US$ 1.000 millones, aunque acompañó la decisión con una dura advertencia sobre los mecanismos de transparencia institucional, los controles patrimoniales de funcionarios públicos y las políticas anticorrupción del Estado.
Las observaciones fueron incluidas en el informe técnico elaborado por el staff del organismo, donde se evaluó la situación económica e institucional del país. Si bien el FMI destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y algunas reformas impulsadas por el Gobierno nacional, también remarcó que persisten problemas estructurales vinculados a la gobernanza y la transparencia.
Uno de los puntos más sensibles del documento está relacionado con el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. El organismo señaló que los mecanismos actuales presentan “limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
Además, el Fondo sostuvo que los marcos preventivos contra la corrupción “necesitan fortalecerse” y cuestionó la capacidad estatal para controlar de manera efectiva la evolución patrimonial de los funcionarios y detectar posibles inconsistencias en las declaraciones presentadas.
El informe también puso el foco en los mecanismos de prevención de conflictos de interés. Según el staff técnico, las normas vigentes continúan siendo insuficientes debido a reglas consideradas permeables y a una débil capacidad de fiscalización.
Las observaciones adquieren especial relevancia en medio de la polémica generada por la demora en la presentación de declaraciones juradas de algunos funcionarios nacionales. El reporte menciona como preocupación los retrasos en la publicación de esos documentos, un aspecto que para el FMI afecta la transparencia y la confianza institucional.
Otro de los capítulos que despertó atención fue el referido al funcionamiento del Poder Judicial argentino. El organismo advirtió que persiste una percepción de limitada independencia judicial y de politización en determinadas causas de alto perfil, además de cuestionar la escasa rendición de cuentas de funcionarios públicos.
Frente a este escenario, el FMI recomendó fortalecer los organismos de control, mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales, incrementar la transparencia en los procesos públicos y reforzar la independencia de fiscales y jueces.
A pesar de estas advertencias, el organismo ratificó su respaldo al programa económico argentino y autorizó la continuidad del acuerdo financiero. Sin embargo, dejó en claro que la estabilidad económica de largo plazo también dependerá del fortalecimiento institucional y de mayores garantías de transparencia en la gestión pública.