La Cámara de Diputados dio un paso que muchos consideraban postergado: aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Con 149 votos a favor y 100 en contra, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza y acompañado por la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y otros bloques, ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo.
Más allá de la discusión política, el debate de fondo es otro: ¿puede el Estado seguir sosteniendo un régimen penal juvenil diseñado en la dictadura, desactualizado y que no responde a la realidad actual del delito?
Una ley vieja frente a un delito moderno
El régimen vigente fue concebido en otro contexto histórico y social. Hoy, la realidad es distinta. Las organizaciones criminales, especialmente en los grandes centros urbanos, reclutan cada vez a personas más jóvenes para cometer delitos graves, sabiendo que el sistema actual ofrece márgenes de impunidad.
La reforma no propone “delito de adulto, pena de adulto”, como algunos simplifican el debate. Lo que establece es un régimen especial, con límites claros:
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No habrá prisión perpetua.
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Los menores no estarán alojados junto a adultos.
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Se priorizan medidas socioeducativas y alternativas a la cárcel en delitos menores.
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Solo en casos graves se contemplan penas de hasta 15 años.
No se trata de castigar indiscriminadamente. Se trata de establecer reglas claras y proporcionales.
Responsabilidad y resocialización
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue clara: el objetivo no es “amontonar menores” sino resocializarlos. La iniciativa contempla un abanico de sanciones que van desde medidas educativas hasta penas privativas de libertad en casos extremos.
En delitos con penas menores a tres años, directamente se descarta la prisión. Entre tres y diez años —cuando no hay muerte ni lesiones graves— se priorizan sanciones alternativas con enfoque social. Es decir, el proyecto combina responsabilidad penal con herramientas de reinserción.
Un mensaje institucional
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, lo expresó con realismo: bajar la edad no resolverá por sí sola la delincuencia. Pero no hacer nada tampoco la resuelve.
El Estado no puede mirar hacia otro lado cuando un menor de 15 años participa de un homicidio o integra una estructura narco. La ausencia de respuesta clara termina siendo funcional al delito organizado.
Seguridad y equilibrio federal
Uno de los puntos discutidos fue el financiamiento del sistema. La propuesta oficial apuesta a convenios entre Nación y provincias para implementar el nuevo régimen. El desafío será garantizar que los recursos acompañen la reforma, evitando trasladar toda la carga a los gobiernos provinciales.
Pero la discusión presupuestaria no debería bloquear una actualización normativa que Argentina necesita hace años.
El debate real
Desde sectores de la izquierda, como Myriam Bregman, se advirtió que la reforma podría derivar en mayor criminalización de jóvenes de sectores populares. Es un planteo que merece atención.
Sin embargo, la respuesta no puede ser la inacción. Un sistema moderno, con controles, separación de adultos, medidas educativas obligatorias y límites a las penas, ofrece más garantías que el esquema actual, que combina vacíos legales con discrecionalidad.
Reducir la edad de imputabilidad no es un gesto punitivista: es asumir que la responsabilidad penal debe existir cuando el daño es grave, sin renunciar a la resocialización.
La reforma no es la solución mágica a la inseguridad. Pero sí es un paso institucional hacia un sistema más coherente, más actualizado y más equilibrado entre derechos y responsabilidades.
Ahora el Senado tendrá la palabra.