El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei busca eliminar las restricciones nacionales para la compra de campos por parte de extranjeros. Desde una mirada federal, abrir la economía no debería significar perder el control del suelo, el agua y otros bienes estratégicos del país.
Por: Martin Rios
El Congreso debate una profunda modificación de la Ley de Tierras Rurales promovida por el gobierno de Javier Milei. La propuesta pretende eliminar los límites nacionales vigentes para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras, dejando en manos de cada provincia la decisión de establecer sus propias restricciones.
El oficialismo sostiene que las actuales regulaciones desalientan inversiones y limitan el derecho de propiedad. Sin embargo, la iniciativa despertó preocupación entre especialistas, legisladores y sectores productivos, que advierten sobre el riesgo de facilitar una mayor concentración y extranjerización del territorio argentino.
La discusión no debería reducirse a una elección entre aceptar inversiones o cerrarles las puertas. El verdadero desafío consiste en recibir capitales capaces de generar producción y empleo, pero con condiciones que protejan los intereses nacionales y garanticen que los beneficios alcancen también a las comunidades donde se encuentran esos recursos.
Qué establece la ley vigente
La Ley 26.737, sancionada en 2011, determina que las personas y empresas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese mismo límite se aplica en los ámbitos provincial y municipal.
La norma también impide que propietarios de una misma nacionalidad concentren más del 30% del porcentaje habilitado para extranjeros y establece un máximo equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo productiva.
Además, contiene protecciones para campos ubicados en sectores fronterizos o vinculados con grandes cuerpos de agua, reservas naturales y otros espacios considerados estratégicos.
La reforma elimina el límite nacional del 15% y permite que cada provincia decida si mantiene restricciones, establece nuevos porcentajes o directamente libera la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Una decisión que supera las fronteras provinciales
La autonomía provincial sobre los recursos naturales está reconocida constitucionalmente. Sin embargo, la tierra, el agua, los bosques, los minerales y los pasos fronterizos también forman parte de una estructura económica y estratégica que compromete al país en su conjunto.
Dejar toda la regulación en manos de las provincias podría generar una competencia desigual para atraer inversiones. Las jurisdicciones con mayores necesidades financieras podrían flexibilizar sus condiciones hasta niveles difíciles de revertir, especialmente frente a grandes compañías o fondos internacionales con una capacidad económica muy superior.
Una provincia puede autorizar una operación dentro de su territorio, pero las consecuencias sobre el agua, el ambiente, la seguridad alimentaria o la soberanía fronteriza pueden proyectarse mucho más allá de sus límites geográficos.
Invertir no es simplemente comprar tierra
Argentina necesita inversiones productivas, tecnología, infraestructura y nuevos mercados. Pero comprar miles de hectáreas no significa necesariamente invertir en el desarrollo nacional.
Una verdadera inversión debería comprometer capital para producir, incorporar tecnología, generar empleo registrado, contratar proveedores locales, respetar las normas ambientales y dejar parte del valor creado en la región.
La adquisición meramente especulativa de campos, reservas de agua o territorios cercanos a recursos minerales no garantiza ninguno de esos resultados. Por eso, eliminar todas las restricciones podría convertir un supuesto estímulo económico en una transferencia permanente de patrimonio.
La tierra no es un activo cualquiera. No puede fabricarse, importarse ni recuperarse fácilmente una vez concentrada en manos de grandes grupos económicos.
Los recursos deben beneficiar a los argentinos
Desde una mirada federal, los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero su aprovechamiento debe contribuir al bienestar general de la Nación.
El agua dulce, el suelo fértil, el litio, los bosques, los hidrocarburos y la biodiversidad tienen un valor que crecerá durante las próximas décadas. Permitir su utilización sin condiciones claras podría generar rentabilidad para unos pocos mientras las comunidades locales continúan esperando caminos, viviendas, hospitales, conectividad y oportunidades laborales.
Si una empresa extranjera quiere invertir, debe poder hacerlo dentro de un marco estable y transparente. Pero también debería asumir compromisos concretos: producción efectiva, cuidado ambiental, empleo argentino, participación de proveedores nacionales, pago de impuestos y reinversión de una parte de las ganancias.
Los beneficios generados por los recursos del país deben compartirse con quienes viven, trabajan y construyen su futuro en la Argentina.
Un equilibrio federal necesario
La discusión exige algo más serio que la confrontación entre apertura y proteccionismo. El país necesita una política que combine reglas nacionales básicas con capacidad de decisión provincial.
Entre esas condiciones deberían mantenerse límites generales a la concentración extranjera, controles especiales sobre zonas fronterizas y reservas de agua, registros públicos actualizados y evaluaciones sobre el impacto ambiental, económico y territorial de las grandes operaciones.
Las provincias podrían establecer requisitos adicionales según sus características productivas, pero nunca quedar por debajo de un piso nacional destinado a preservar intereses estratégicos.
Abrir la Argentina al mundo no debe significar ponerla en venta. La inversión extranjera puede ser una herramienta importante para el desarrollo, siempre que llegue con producción, empleo y respeto por la soberanía.
La tierra puede tener un propietario, pero los recursos que contiene y las decisiones que condicionan el futuro de varias generaciones requieren responsabilidad colectiva. Reformar la ley puede ser necesario; eliminar todas las defensas, en cambio, podría tener consecuencias irreversibles.
Por: Martin Rios