Las cámaras empresariales del sector rechazaron la adhesión del gremio aceitero a la medida de fuerza del 18 de diciembre y advirtieron que no existen reclamos laborales pendientes. El conflicto reaviva la tensión entre producción, sindicatos y política en un área clave para las exportaciones argentinas.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) salieron al cruce de la decisión de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) de adherir al paro general convocado por la CGT para el próximo 18 de diciembre, y cuestionaron con dureza la medida de fuerza.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, las entidades empresariales manifestaron su “sorpresa” y aseguraron que no existen motivos laborales que justifiquen un paro nacional en el sector.
“La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de decretar un paro frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados de 2026, tal como sindicatos e industria acordaron, y sin que exista un solo reclamo gremial pendiente”, señalaron CIARA y CARBIO.
Acusaciones de trasfondo político
Desde las cámaras empresariales sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y advirtieron que la medida “estaría motivada por razones políticas ajenas a la industria”. En ese marco, anticiparon que evaluarán todas las acciones previstas por la legislación vigente para garantizar el normal funcionamiento de la actividad.
El conflicto se desató luego de que la FTCIODyARA comunicara formalmente su adhesión a la movilización convocada por la CGT, que tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en distintas localidades del país.
El gremio aceitero anunció un paro total de actividades por 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00 del 18 de diciembre, con el objetivo de permitir la participación de trabajadores y trabajadoras del sector en la protesta.
Un sector estratégico para la economía nacional
El cruce entre la industria y el sindicato se produce en un contexto sensible para la economía argentina. El complejo oleaginoso-agroexportador es uno de los principales generadores de divisas del país, a través de la exportación de aceites, harinas y biocombustibles derivados principalmente de la soja.
Cualquier interrupción en la actividad tiene impacto directo en la logística portuaria, el ingreso de dólares y la recaudación fiscal, especialmente en un escenario donde el Gobierno nacional busca estabilizar variables macroeconómicas y fortalecer el frente externo.
El conflicto, además, vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el sindicalismo, el sector productivo y la política, en un momento de alta sensibilidad económica y social.