La entidad empresarial solicitó incorporar cambios al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para proteger a las pequeñas y medianas empresas frente al aumento de ejecuciones fiscales, embargos y sanciones. También propuso un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que será tratado próximamente en el Congreso Nacional. La iniciativa busca brindar alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas en un contexto económico que continúa mostrando dificultades para el sector productivo.
El pedido surge ante el incremento de embargos, ejecuciones fiscales y multas impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una situación que, según la entidad empresaria, está generando una fuerte presión sobre miles de pymes de todo el país.
Los principales reclamos
Entre las propuestas elevadas al Senado, CAME solicita que se incorporen mecanismos que permitan reducir el impacto de las sanciones fiscales sobre las empresas que regularicen su situación.
Uno de los puntos centrales es la reducción de multas. La entidad plantea que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA y que, en caso de regularización dentro de los 15 días posteriores, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total solo debería aplicarse cuando el incumplimiento persista una vez vencido ese plazo.
Además, pide la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y de las medidas cautelares, incluyendo embargos, con el objetivo de evitar que las empresas vean comprometida su operatoria cotidiana mientras atraviesan dificultades financieras.
Un plan de pagos especial
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas para cancelar obligaciones tributarias.
La iniciativa prevé además una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El esquema alcanzaría deudas vencidas al 31 de mayo, así como también planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.
Preocupación por la situación económica
Desde CAME señalaron que el reclamo se produce en un escenario marcado por la caída del consumo, la desaceleración de la actividad económica y las discusiones sobre una eventual reforma tributaria impulsada en el marco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, expresó que la situación requiere medidas urgentes para preservar el tejido productivo nacional.
“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, sostuvo.
Defender el entramado productivo
La entidad considera que las modificaciones propuestas permitirían fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, sostener el empleo y acompañar el desarrollo productivo en un contexto de transformación económica.
Para CAME, avanzar con herramientas que faciliten la regularización tributaria sin poner en riesgo la continuidad de las empresas resulta clave para preservar uno de los sectores que más empleo genera en la Argentina.