La diputada Mónica Frade acusó al oficialismo de contradecir su discurso contra la “casta” y cuestionó el acceso de funcionarios a préstamos millonarios.
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas sumó un nuevo capítulo político y judicial. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) calificó la situación como “depravada desde lo ético” y sostuvo que expone una fuerte contradicción entre el discurso del Gobierno y sus prácticas.
En declaraciones radiales, Frade afirmó que el otorgamiento de estos préstamos evidencia que “la narrativa contra los privilegios y la casta es falsa”, y confirmó que ya presentó una denuncia penal para investigar posibles irregularidades.
El eje de la presentación judicial apunta a determinar si existió “tráfico de influencias” en la asignación de los créditos. En ese marco, la legisladora solicitó que se analicen en detalle las carpetas crediticias, los tiempos de otorgamiento, las garantías exigidas y las actas del directorio que aprobaron los préstamos.
La dirigente también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que defendiera públicamente la política crediticia y señalara que alentó a funcionarios a acceder a estos préstamos, definiéndolos como “la mayor justicia social”.
“Resulta contradictorio que el Presidente cuestione la justicia social y, al mismo tiempo, su ministro la reivindique en este contexto. Hay una inconsistencia evidente”, planteó Frade, en alusión al discurso oficial.
Como ejemplo de los casos bajo sospecha, la diputada mencionó a Sarif Menem, quien habría accedido a un crédito de 357 millones de pesos con apenas 24 años y un cargo político en el Congreso, donde percibía un salario cercano a los dos millones de pesos mensuales. También vinculó el caso con el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El planteo abre un frente de tensión política en torno al uso de recursos públicos y la transparencia en el acceso al crédito, en un contexto donde el Gobierno busca sostener su discurso de ajuste, mérito y eliminación de privilegios.
La causa ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o delitos vinculados al otorgamiento de estos préstamos, en un caso que promete escalar en la agenda política nacional.