Fue en el marco de un megaoperativo desplegado por Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción de Policía de Santa Fe, ordenado por la fiscal Barros, tras las balaceras de los últimos días.
En el marco de un megaoperativo desplegado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos tácticos de irrupción de la Policía de Santa Fe detuvieron a tres personas mayores de edad, identificaron a otras y secuestraron elementos de interés para la causa que investiga los ataques a balazos con intimidación pública registrados en los últimos días en Rosario.
Las medidas fueron ordenadas por la fiscal Paula Barros, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien conduce la investigación por los hechos ocurridos entre el domingo por la tarde y el martes por la noche.
Firme respuesta oficial
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, sostuvo que aún existen aspectos bajo investigación, pero remarcó que la respuesta estatal será contundente.
“No vamos a aceptar que se reinstale una modalidad violenta en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe”, afirmó el funcionario, quien además subrayó que cada episodio delictivo activa de inmediato los mecanismos de persecución penal.
“No hay otra forma que llevar a todos los responsables ante la Justicia para que rindan cuentas de sus actos”, agregó.
Cococcioni explicó que, tras la detención y el encarcelamiento de líderes de organizaciones criminales bajo regímenes de alto perfil, aún persisten remanentes que intentan reorganizarse, lo que puede derivar en conflictos puntuales y territorializados.
Los procedimientos
Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en Crespo al 3900, Mangrullo al 5200, Lamadrid al 0 y pasaje 1758 al 2100.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos móviles, una motocicleta negra y un casco del mismo color con una inscripción en el lateral izquierdo, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su eventual vinculación con los ataques.
En uno de los domicilios allanados se identificó como moradora a una empleada policial, circunstancia que también quedó incorporada a la investigación.
La Fiscalía continúa avanzando en la determinación del grado de responsabilidad de los implicados, mientras se analizan las pruebas recolectadas en el marco de la causa por intimidación pública.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.