El relevamiento se conoce en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad y la llegada del proyecto al Congreso.
Según el informe, al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 chicos incluidos en el sistema penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, se registraron cuatro casos con prisión domiciliaria y una situación sin información precisa sobre la modalidad de abordaje.
El reporte señala que ocho de cada diez adolescentes contaban con medidas judiciales que no implican encierro, sino programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias. Sin embargo, advierte que durante 2024 se registró una leve suba en la cantidad de menores privados de la libertad, pese a una tendencia general descendente en otros indicadores.
A nivel nacional, el Sistema Penal Juvenil dispuso de 174 dispositivos: 75 destinados a medidas penales en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro. Dentro de estos últimos, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En relación a los delitos imputados, predominan los hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Le siguen los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).
Uno de los puntos más sensibles del informe es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 chicos de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 permanecían en lugares de encierro. De acuerdo con la legislación vigente, estas personas son no punibles y deberían ser abordadas por los organismos del sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes alojados en dispositivos de privación de la libertad cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio, concentrando las dos primeras provincias el 75% del total de casos.
Entre los adolescentes punibles, más del 60% de quienes permanecían bajo encierro tenían entre 16 y 17 años, mientras que más del 30% continuaban cumpliendo medidas judiciales incluso después de haber alcanzado la mayoría de edad.