Desde el Ejecutivo provincial reconocieron el malestar en la fuerza, pero remarcaron que cualquier protesta que afecte el servicio de seguridad será sancionada.
El Gobierno de Santa Fe reconoció en las últimas horas la existencia de reclamos salariales y laborales dentro de la Policía provincial, aunque advirtió que no se tolerarán acciones que impliquen abandono de funciones, acuartelamientos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública.
Fuentes oficiales del área de Seguridad señalaron que el planteo está vinculado principalmente a ingresos, carga horaria y actualización de haberes, en un contexto económico complejo que atraviesa a toda la administración pública. En ese marco, indicaron que los incrementos salariales otorgados a la fuerza forman parte de los acuerdos paritarios generales y que se continuará evaluando la situación “dentro de los canales institucionales”.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la Policía no cuenta con derecho a huelga, por tratarse de un servicio esencial, y subrayaron que cualquier manifestación que exceda el marco legal será considerada una falta grave. “El reclamo puede existir, pero no puede derivar en acciones que afecten la prevención del delito o la presencia policial en la calle”, señalaron voceros provinciales.
En relación con los episodios de tensión registrados en distintas ciudades, el Gobierno confirmó la apertura de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades y dejó en claro que se aplicarán sanciones a quienes incumplan sus deberes funcionales.
No obstante, desde la Casa Gris insistieron en que el diálogo institucional sigue abierto y que la Provincia trabaja en mejoras progresivas para el personal de seguridad, en un escenario atravesado por la alta demanda operativa, el refuerzo de patrullajes y la necesidad de sostener la política de seguridad en todo el territorio santafesino.
El conflicto vuelve a poner en primer plano el debate sobre las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y el equilibrio entre el derecho al reclamo y la obligación de garantizar el orden público, un tema sensible que el Gobierno provincial busca encauzar sin poner en riesgo la prestación del servicio.