La Provincia comenzó a intimar a los responsables por los costos de los operativos. El primer caso asciende a más de 6 millones de pesos y forma parte de un reclamo que ya supera los $250 millones.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanzó con la primera notificación formal a familiares de menores identificados como autores de amenazas a escuelas, en el marco de una política que busca recuperar los costos operativos generados por estos hechos.
La intimación, que asciende a 6.024.944 pesos, fue entregada este lunes a los padres de un menor en la ciudad de Santa Fe. Según detalló el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se trata del primer paso dentro de una estrategia administrativa y patrimonial que apunta a que los responsables asuman las consecuencias económicas de estas acciones.
Durante el procedimiento, uno de los padres reaccionó al conocer el monto con una frase que rápidamente trascendió: “Cara la jodita”, reflejando el impacto de la medida.
El funcionario explicó que la notificación se enmarca en una resolución que habilita el recupero de los costos de los operativos desplegados ante amenazas en establecimientos educativos. “Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación”, indicó.
De acuerdo con datos oficiales, ya fueron identificados los responsables de 58 hechos, lo que implica más de 70 personas involucradas entre autores y adultos responsables. En muchos casos, se trata de menores de edad, por lo que la responsabilidad económica recae sobre sus padres o tutores.
“Cada vez que la Fiscalía valida una identidad, se activa automáticamente el proceso de intimación”, explicó Cococcioni, quien adelantó que durante los próximos días se enviarán nuevas notificaciones.
El plazo para abonar la deuda es de cinco días. En caso de incumplimiento, los antecedentes serán derivados a la Fiscalía de Estado, que podrá avanzar con medidas como embargos o inhibiciones de bienes.
El monto total reclamado hasta el momento ya supera los 250 millones de pesos, una cifra que podría seguir en aumento a medida que se identifiquen nuevos responsables.
Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil destinada a resarcir el daño económico generado por cada operativo. Esto incluye gastos en combustible, movilización de patrulleros, intervención de brigadas especializadas —como explosivos— y horas de servicio del personal policial.
“No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, remarcó el ministro.
La medida busca enviar una señal clara frente a una problemática que creció en los últimos meses y que afecta directamente el funcionamiento del sistema educativo y la seguridad pública.
En ese sentido, desde la Provincia insisten en la necesidad de concientizar sobre el uso responsable de los recursos del Estado, en especial cuando se trata de situaciones que generan alarma social y movilizan grandes despliegues operativos.